En Chile se ha detectado en los últimos años una proliferación de puntos de venta informal de medicamentos, especialmente en ferias libres y plataformas de internet no autorizadas . Estas ventas se realizan sin controles sanitarios y en condiciones desconocidas, configurando un grave problema de salud pública. Los organismos fiscalizadores reportan un crecimiento explosivo del mercado negro de fármacos: en 2023 se decomisaron más de 17,5 millones de dosis de medicamentos ilegales, frente a 10,4 millones incautadas en 2022 . Este incremento evidencia la existencia de un mercado paralelo consolidado que opera mediante ferias libres, redes sociales y otros canales al margen de la ley.
Actualmente, la legislación solo tipifica como delito la venta ilegal de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pero no abarca otros tipos de medicamentos. Esto ha creado un vacío legal que impide perseguir penalmente a quienes comercializan fármacos comunes de forma clandestina. Por ejemplo, en 2022 el Ministerio Público investigó a farmacias establecidas que abastecían al mercado informal, pero un tribunal denegó una orden de entrada y registro al estimar que estas conductas no constituían delito bajo el marco legal vigente. Este escenario, sumado al riesgo sanitario y la participación de redes delictuales en la distribución ilegal, motivó la búsqueda de una solución legislativa.
Ingreso del proyecto de ley y autores
Para hacer frente a esta problemática, el 18 de abril de 2023 ingresó al Congreso un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para sancionar la venta ilegal de medicamentos. La iniciativa tuvo origen en la Cámara del Senado, a través de una moción patrocinada de forma transversal por senadores de distintas corrientes políticas: Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuán (RN), Juan Ignacio Latorre (RD), Javier Macaya (UDI) y Ximena Órdenes (PPD). Este respaldo multipardista reflejó un amplio consenso sobre la necesidad de abordar el comercio clandestino de fármacos.
El proyecto fue derivado inicialmente a la Comisión de Salud del Senado para su estudio. En dicha instancia, las autoridades sanitarias presentaron antecedentes alarmantes –como el aumento de decomisos y la aparición de medicamentos falsificados en el mercado negro– para fundamentar la urgencia de la ley. Con esos insumos, la Comisión de Salud aprobó en general la moción, reconociendo la importancia de frenar estas prácticas que se han masificado en los últimos años. Tras este visto bueno en general, se abrió un plazo hasta el 4 de agosto de 2023 para que senadores y el Ejecutivo presentaran indicaciones (enmiendas) al texto.
Contenido central del proyecto de ley
El contenido del proyecto se centra en definir nuevos delitos y sanciones para diferentes aristas del comercio ilegal de fármacos, así como fortalecer mecanismos regulatorios. En esencia, se endurecen las sanciones penales y administrativas para quienes vendan medicamentos fuera de los canales autorizados o productos farmacéuticos adulterados, incluyendo castigos a quienes faciliten o prescriban ilícitamente estos actos. A continuación se destacan sus principales propuestas:
- Prohibición de la distribución mayorista por farmacias: Se modifica el Código Sanitario para aclarar que las farmacias solo pueden expender al detalle a pacientes, y no actuar como distribuidoras mayoristas. La distribución masiva de medicamentos queda reservada a laboratorios y droguerías. Esta medida busca impedir que farmacias con autorización funcionen como proveedoras del mercado ilegal.
- Inhabilitación para abrir farmacias: Se establece que el reglamento sanitario deberá vetar por al menos 3 años la posibilidad de obtener autorización para abrir una farmacia a cualquier persona sancionada por venta ilegal de medicamentos. Asimismo, se impone una inhabilitación permanente para abrir cualquier establecimiento de salud a quienes hayan sido condenados por delitos contra la salud pública o tráfico de drogas. Con ello se pretende evitar que infractores reincidan aprovechando resquicios legales para formalizar negocios farmacéuticos.
- Delito de prescripción fraudulenta: Se tipifica como delito que un profesional de la salud autorizado recete medicamentos con el fin de desviarlos al comercio informal. Se propone una pena de 61 días a 3 años de presidio más una multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales (UTM) para estos casos. Este nuevo tipo penal sanciona la participación de médicos u otros facultativos en la cadena ilícita, mediante la emisión irresponsable o fraudulenta de recetas.
- Delito de venta ilegal de medicamentos: El proyecto crea el delito específico de vender medicamentos en lugares no autorizados por la autoridad sanitaria (por ejemplo, la vía pública, ferias libres o redes sociales). Quienes incurran en esta actividad ilícita enfrentarían penas severas, de 5 años y 1 día hasta 15 años de presidio, además de una multa de 50 UTM . Por primera vez, la venta callejera o por Internet de fármacos quedaría claramente tipificada como delito grave, similar en severidad al tráfico de sustancias controladas.
- Delito de distribución ilegal: De igual manera, se tipifica como delito la distribución irregular de medicamentos desde el circuito formal hacia el informal. En particular, se sanciona al propietario de un establecimiento autorizado (ej. una farmacia) que provea medicamentos al mercado ilegal, con la misma pena de 5 a 15 años de cárcel y una multa mayor, de 100 UTM. Con esta figura legal se busca desarticular las redes de suministro clandestino, alcanzando a quienes, desde dentro del sistema legal, abastecen a los vendedores informales (un eslabón clave identificado por las autoridades).
- Sustracción y falsificación de medicamentos: El proyecto agrava las penas para el robo de medicamentos y penaliza fuertemente la falsificación de fármacos. Se incorpora la sustracción ilegal de medicamentos (p. ej. robos a camiones de transporte farmacéutico) para que dichos actos reciban las penas de robo o hurto correspondientes según la violencia empleada. Asimismo, se crea el delito de fabricación o comercialización de medicamentos falsificados, con penas que van desde 10 años y 1 día hasta 20 años de presidio, más una multa de 200 UTM. Esta última sanción busca disuadir la producción de remedios falsos que han empezado a aparecer en el mercado negro (como ocurrió con falsificaciones de anorexígenos y fitofármacos, según reportó el ISP.
- Fortalecimiento de la fiscalización sanitaria: Para evitar la creación de farmacias clandestinas, se modifica la normativa de autorizaciones sanitarias. Se incluye a las farmacias (y botiquines farmacéuticos) en el listado de establecimientos que requieren autorización sanitaria expresa para funcionar, eliminando la figura del “silencio positivo” (por la cual, en la normativa vigente, si la autoridad demoraba demasiado, la autorización podría entenderse otorgada automáticamente). En adelante, ninguna farmacia podrá operar sin un permiso explícito, cerrando la puerta a que locales no fiscalizados abran por defecto. Esta medida de control administrativo complementa las sanciones penales, apuntando a mejorar la trazabilidad y supervisión sobre quienes ingresan al rubro farmacéutico.
Cabe señalar que, a través de las indicaciones ingresadas durante la tramitación, también se discutió otorgar mayores facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) para combatir este fenómeno. El ISP planteó la necesidad de poder requerir más información (por ejemplo, acceder a datos tributarios o actuar encubiertamente) y coordinar una red de fiscalización más eficaz, dado que actualmente sus atribuciones resultan limitadas. Estas sugerencias técnicas, junto con otras observaciones del Ministerio Público sobre la redacción de los tipos penales, han alimentado el perfeccionamiento del proyecto en su paso por las comisiones.
Tramitación legislativa y estado actual
Tras su ingreso en abril de 2023, el proyecto comenzó el primer trámite constitucional en el Senado. Como se mencionó, la Comisión de Salud aprobó la idea de legislar (votación en general) y recopiló indicaciones hasta agosto de 2023. Concluida esa etapa, correspondía el análisis en particular del articulado, instancia en la que también participa la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dada la naturaleza penal de varias disposiciones.
En la segunda mitad de 2023, el proyecto no avanzó con la celeridad esperada inicialmente. Recién a mediados de 2024 el Poder Ejecutivo intervino para imprimirle urgencia: el 12 de junio de 2024 se informó en Sala un mensaje del gobierno que retiraba la discusión pendiente y le asignaba urgencia “Suma” a esta iniciativa. La urgencia suma obliga a apurar la tramitación, dando un plazo acotado para su despacho en cada cámara. No obstante, pese a dicha urgencia, hacia agosto de 2024 el proyecto continuaba estancado en la Comisión de Constitución del Senado, sin figurar en tabla para su votación en las sesiones inmediatas. Esto indicaba cierto rezago o priorización baja dentro de la agenda legislativa de la comisión, a pesar de la presión gubernamental.
Al llegar 2025, el proyecto aún no se había convertido en ley, manteniéndose en su primer trámite. Hasta la fecha, no se ha informado de una votación en Sala del Senado ni de su envío a la Cámara de Diputados, lo que sugiere que sigue en fase de estudio y perfeccionamiento en comisiones. La preocupación pública por el tema, sin embargo, no ha disminuido. En abril de 2025, autoridades sanitarias y gremios farmacéuticos reiteraron sus llamados a aprobar pronto esta ley, advirtiendo que el comercio ilegal de medicamentos sigue al alza y fuera de control. De hecho, el propio Instituto de Salud Pública ha reconocido que la venta de medicamentos en la vía pública se ha vuelto una actividad habitual post-pandemia, con organizaciones criminales involucradas, e incluso farmacias establecidas coludidas para abastecer ese mercado ilícito. Estas revelaciones añaden urgencia al despacho del proyecto, que permanece como la principal herramienta legislativa propuesta para enfrentar el flagelo.
Apoyo transversal
El objetivo de penalizar la venta ilegal de medicamentos ha concitado amplio apoyo transversal. Los senadores de gobierno y oposición que impulsaron la moción subrayan el riesgo sanitario y delictual de este comercio, y han trabajado conjuntamente en las indicaciones. Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Salud y el ISP respaldan firmemente la iniciativa: han insistido en la importancia de incluir todos los fármacos en un marco legal similar al de la Ley 20.000 (que hoy sanciona solo drogas ilícitas) para que su comercialización fraudulenta sea considerada delito, tal como ocurre con el narcotráfico. También apoyan medidas accesorias como ampliar los lugares fiscalizados y reforzar los controles en toda la cadena de producción y distribución. En síntesis, tanto autoridades sanitarias como parlamentarios coinciden en que se requiere dotar al sistema legal de herramientas más fuertes (penas de cárcel y multas significativas) para desincentivar y castigar efectivamente este comercio ilegal que opera a plena luz y a vista de todos.
Por su parte, los gremios de farmacias independientes han manifestado su postura favorable al proyecto. La Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI) –que reúne a farmacias de barrio y químicos farmacéuticos– ha condenado enérgicamente el mercado negro de medicamentos, ya que además de poner en riesgo la salud, genera una competencia desleal brutal contra quienes sí cumplen la ley. Han colaborado con denuncias y entregando información para desbaratar estas redes, y ven con buenos ojos que se tipifiquen estos delitos. No obstante, los representantes de las farmacias independientes han advertido que no se debe estigmatizar al sector formal injustamente. En opinión de Héctor Rojas, presidente de AFFI, las autoridades deben investigar con igual rigor a todos los eslabones de la cadena farmacéutica –laboratorios, distribuidores, droguerías– donde a menudo se origina el desvío de productos. Focalizar la culpa solo en algunos establecimientos, dice, “distorsiona la realidad y debilita cualquier posibilidad de solución efectiva” .
El gremio considera “extraño” que históricamente no haya existido suficiente control sobre el flujo de medicamentos, y critica que “las autoridades no han hecho lo que se debe” para frenar este negocio ilícito en décadas recientes. Por ello, junto con apoyar la ley, hacen un llamado a reforzar urgentemente la fiscalización en toda la cadena –desde los laboratorios hasta las farmacias– e implementar mejores mecanismos de trazabilidad, inteligencia sanitaria y persecución penal contra quienes lucran fuera del marco legal. Las farmacias independientes enfatizan que ellas son parte de la solución y no del problema, y esperan que la nueva ley se aplique con una mirada integral que combata a las redes criminales en cada nivel.
En cuanto a posibles oposiciones, hasta ahora no se han levantado voces políticas significativas en contra del proyecto ni de sus fines. Dado el consenso sobre los peligros de la venta ilegal de fármacos, el debate se ha centrado más bien en cómo implementar las medidas de la mejor forma. Algunas discusiones técnicas han girado en torno a precisar bien las definiciones de los nuevos delitos para evitar vacíos o interpretaciones dudosas, así como dotar de recursos y facultades a los entes fiscalizadores (ISP, policías, aduanas) para hacer cumplir la ley de manera efectiva. Pero en lo fundamental, existe acuerdo transversal en la necesidad de contar con este marco legal. La esperanza de sus promotores y de la ciudadanía preocupada es que durante 2024–2025 el proyecto logre salir del estancamiento legislativo, de modo que la venta ilegal de medicamentos quede por fin penada y se desarticule un comercio ilícito que hoy opera casi impunemente en ferias y redes sociales.
Boletin-N°-15.850-11
