En abril de 2025, nuevas piezas se sumaron al rompecabezas judicial que rodea a Andrea Martones. El diputado Andrés Celis (RN) presentó una querella criminal en su contra, acusándola de haber operado tras bambalinas en la tramitación de la Ley Nacional del Cáncer y la Ley Ricarte Soto, favoreciendo presuntamente a laboratorios privados mediante cohecho y tráfico de influencias. La acción judicial apunta a un patrón de intervención legislativa que, según el parlamentario, no fue casual ni aislado. Celis, miembro de la Comisión de Salud e integrante de la comisión investigadora parlamentaria sobre la “Ley de Fármacos II”, formalizó esta acción ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso el 3 de abril de 2025. La querella sostiene que Martones —identificada como lobista de múltiples laboratorios farmacéuticos— intervino indebidamente en ambos proyectos legales para favorecer los intereses de la industria privada, aprovechando su doble rol como asesora de parlamentarios y consultora de laboratorios.
Entre los hechos denunciados, Celis destaca que Martones propuso directamente a un ejecutivo farmacéutico un artículo que luego apareció incorporado de forma permanente en el texto final de la Ley del Cáncer. Dicho artículo otorga a los laboratorios la facultad de fijar la cantidad de medicamentos que pueden vender y proyectar a futuro, lo que a juicio del diputado podría distorsionar el mercado y afectar el acceso a tratamientos oncológicos. “No vamos a permitir que una persona que asesora a laboratorios y, al mismo tiempo, a parlamentarios, le proponga a un ejecutivo de la industria farmacéutica un artículo transitorio y que este termine de manera ‘mágica’ en la Ley del Cáncer como un artículo permanente. Esto es gravísimo, porque le da poder a un laboratorio para proyectar su venta de medicamentos, poniendo la economía por sobre la salud de las personas”, declaró Celis al fundamentar la acción legal.
Otro eje de la querella es la acusación de filtración de información reservada durante la implementación de la Ley Ricarte Soto. Celis afirma que Martones entregó a ejecutivos de un laboratorio detalles del decreto reglamentario de la Ley Ricarte Soto antes de su publicación oficial, otorgándoles ventaja competitiva indebida. La Ley Ricarte Soto crea un fondo estatal para financiar medicamentos de alto costo, por lo que conocer de antemano qué tratamientos serían cubiertos permitiría a ciertos laboratorios anticipar decisiones comerciales en beneficio propio. “Filtrar el decreto de aplicación de la Ley Ricarte Soto es darle a un laboratorio la posibilidad de anticiparse y preparar su estrategia de mercado con información que aún no era pública. Esto es inmoral y debe ser sancionado”, enfatizó Celis, calificando la conducta no solo de antiética sino derechamente ilegal por favorecer intereses privados a costa de la transparencia en salud.
Celis basa estas denuncias en evidencias como correos electrónicos obtenidos recientemente. Un email del 15 de febrero de 2019, enviado por la propia Martones a Ricardo Ávila (director médico de Pfizer Chile), revela que la abogada remitió propuestas de redacción de indicaciones (enmiendas) a los proyectos de ley, las cuales posteriormente fueron incorporadas en las normas aprobadas. Para el diputado, esto demuestra una “manipulación del proceso legislativo” por parte de la industria: “Hemos sido testigos de correos e indicaciones promovidas por los laboratorios, que finalmente fueron incorporadas en la ley aprobada. Esto es grave, porque demuestra que intereses privados se impusieron en leyes que afectan la vida de miles de chilenos con enfermedades catastróficas”, señaló Celis al anunciar la querella. El libelo no solo apunta a Martones sino también a “quienes resulten responsables” dentro de los laboratorios o del aparato público que hayan participado de estos hechos de corrupción.
Cabe destacar que Andrea Martones ya ostenta la calidad de imputada (investigada formal) en otra causa por cohecho ligada a la Ley de Fármacos II. Según Celis, la influencia de Martones se habría extendido a diversos marcos legales sanitarios, repitiendo un patrón: en la Ley del Cáncer y la Ley Ricarte Soto se detectaron indicaciones promovidas por ella que beneficiaban directamente a ciertos laboratorios, permitiéndoles conocer con anticipación montos presupuestarios o regulaciones y ajustar sus estrategias comerciales en función de esa información privilegiada.
Correos electrónicos evidenciarían, por ejemplo, que antes de la publicación oficial de protocolos de Ricarte Soto se enviaron listados de tratamientos y medicamentos a representantes de la industria farmacéutica, lo que sugiere acceso privilegiado a información clave en desmedro de la igualdad de condiciones en el sector salud. Celis declaró que “no permitiremos que se sigan vulnerando los procesos legislativos en beneficio de intereses privados” y aseguró que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que se sancione a los responsables, exhortando a la justicia a actuar con celeridad. La querella de Celis en 2025 marca así un nuevo capítulo en las acciones legales contra Martones, ampliando el foco más allá del caso Fármacos II e incorporando las leyes del Cáncer y Ricarte Soto a la trama investigativa.
Querella de 2022 (AFFI) por el caso Ley de Fármacos II
El origen del escándalo se remonta a inicios de 2022, durante la fase final de tramitación de la denominada Ley de Fármacos II (un proyecto de ley destinado a regular el mercado de medicamentos, fomentar genéricos y evitar integraciones verticales entre laboratorios y farmacias). El 17 de enero de 2022 apareció públicamente –a través de redes sociales– la imagen de una factura por $16 millones girada en junio de 2020 por Martones SpA (sociedad de Andrea Martones) a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF). Este documento evidenciaba que Martones había recibido pagos de la gremial que agrupa a 24 laboratorios internacionales, precisamente mientras actuaba como asesora ad honorem de senadores en la Comisión Mixta de Fármacos II. La revelación encendió alertas por un posible conflicto de interés grave: Martones participaba activamente en las sesiones legislativas sin contrato ni remuneración estatal, pero aparentemente financiada por las mismas empresas interesadas en la regulación que se discutía.
Ante estos antecedentes, la Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI) reaccionó rápidamente. Primero ofició al Senado solicitando la suspensión del proyecto de ley, aduciendo que la “Ley Fármacos 2” podía estar viciada por la intervención de una asesora con vínculos financieros a los laboratorios. La AFFI consideró “inaceptable” proseguir la tramitación sin aclarar el conflicto. Sin embargo, la Comisión Mixta de Salud continuó las discusiones aquel enero de 2022 (celebró seis sesiones en 16 días, entre el 11 y el 27 de enero, apresurando el despacho del proyecto).
En respuesta a las acusaciones, la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) emitió un comunicado desmintiendo cualquier pago irregular. El gremio de laboratorios reconoció la contratación de Martones SpA pero aseguró que el pago de $16 millones correspondía exclusivamente a un proyecto denominado “La Ruta del Paciente”, supuestamente relacionado con educación a pacientes y diseño de una plataforma digital, sin vínculo con leyes en tramitación. Según la CIF, Martones había transparentado ese trabajo en las instancias pertinentes y no existía ninguna falta a la ley de lobby. El 18 de enero de 2022, la CIF envió todos estos antecedentes a los miembros de la Comisión Mixta de Salud para respaldar su versión y disipar dudas . Pese a ello, para la AFFI las explicaciones no fueron suficientes y el conflicto de interés permanecía evidente.
Como consecuencia, el 22 de febrero de 2022 la AFFI —representada por el exfiscal Carlos Gajardo— interpuso una querella criminal por cohecho y soborno contra quienes resultasen responsables, señalando directamente a Andrea Martones. En la acción legal se acusó que, mientras asesoraba ad honorem a parlamentarios de oposición en la Comisión Mixta de Fármacos II, Martones habría recibido pagos por $16.019.300 de parte de la CIF, configurando un posible cohecho. La querella de la AFFI argumenta que “existe un evidente conflicto de interés” y que continuar legislando en esas condiciones era intolerable: “Si esta ley está viciada, Chile y en especial los consumidores tienen derecho a saberlo. (…) No es posible que hechos tan graves como estos se normalicen, así como si nada”, declaró Héctor Rojas, presidente de la AFFI, al anunciar la acción judicial.
El gremio de farmacias independientes subrayó que varias disposiciones del proyecto Fármacos II parecían beneficiar a los laboratorios en desmedro de las farmacias de menor tamaño, imponiendo cargas que podrían significar “la sentencia de muerte para las farmacias independientes” . Por ejemplo, Rojas cuestionó regulaciones que –según él– no tendrían sentido práctico y solo favorecerían a grandes actores, alertando que “no podemos vender barato lo que seguiremos comprando caro”. En suma, la AFFI sospechaba que la influencia de Martones en la redacción y rapidez del trámite legislativo obedecía a presiones de los laboratorios interesados en resultados favorables para su cadena de valor.
La querella de la AFFI de 2022 marcó el inicio formal de las investigaciones penales en este caso. Paralelamente, el diputado Andrés Celis —quien participó en la misma Comisión Mixta como diputado observador— presentó una denuncia ante el Ministerio Público con hechos similares. Es decir, tanto el gremio de farmacias como el parlamentario pusieron los antecedentes en manos de la Fiscalía, dando paso a la indagatoria por posibles delitos de corrupción en la tramitación de la Ley de Fármacos II. “Hay antecedentes suficientes para sostener un posible cohecho y soborno ya que la factura se habría pagado el 2021 en paralelo a la discusión del proyecto”, señaló Carlos Gajardo al fundamentar la querella, enfatizando que incluso tras conocerse el hecho “curiosamente el trámite de la iniciativa se aceleró, cuando lo lógico hubiera sido iniciar una investigación más acuciosa antes de continuar”. Con estas acciones legales, Andrea Martones pasó a estar en la mira de la justicia a partir de 2022, enfrentando por primera vez imputaciones formales por cohecho y tráfico de influencias.
Investigación fiscal: pagos de laboratorios y rol como asesora ad honorem
A raíz de la querella de AFFI y la denuncia de Celis, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal que ya lleva más de tres años en curso. La fiscal del caso, Rossana Folli, ha concentrado las diligencias en esclarecer la red de pagos desde laboratorios hacia Andrea Martones y su correlación con la influencia ejercida en el proceso legislativo. Uno de los hitos clave fue el levantamiento del secreto bancario de la empresa Martones SpA, gracias al cual se obtuvieron registros detallados de sus transacciones financieras. Según reveló el Ministerio Público, entre marzo de 2020 y enero de 2022 Martones SpA recibió depósitos de diez laboratorios farmacéuticos (además de la CIF) por un total de $343.007.620.
Este periodo coincide exactamente con la etapa en que Martones asistió regularmente, en calidad de asesora ad honorem, a las sesiones de la Comisión Mixta de Fármacos II (23 sesiones entre 2020 y 2022) . Los fiscales identificaron pagos provenientes de importantes multinacionales farmacéuticas: entre otras, Pfizer, Novartis, Roche, AbbVie, Merck, Takeda, Boehringer Ingelheim, CSL Behring, PTC Therapeutics, además de Laboratorio Chile (propiedad local) . Un oficio reservado del Servicio de Impuestos Internos (SII) al que accedió la prensa detalla que Martones SpA emitió 45 facturas por $215 millones justamente en el periodo crítico de la tramitación (marzo 2020 – enero 2022), casi todas rotuladas como “asesoría jurídica” . En total, si se considera un rango más amplio (enero 2019 a enero 2023), la empresa de Martones emitió 92 facturas por $466 millones a una decena de clientes farmacéuticos, reflejando una relación económica sostenida con la industria.
De las facturas emitidas durante la tramitación de Fármacos II, resaltan montos elevados pagados por ciertos laboratorios en particular: CSL Behring (especializado en terapias sanguíneas) figura con 16 facturas que suman $54 millones; PTC Therapeutics con 3 facturas por $53 millones; Takeda con 7 facturas por $36 millones. Otras compañías como AbbVie, Roche, Pfizer o Laboratorio Chile también aparecen como clientes recurrentes en ese lapso, mientras que la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) aparece con una factura única de $16 millones (coincidente con la revelada públicamente).
Estos antecedentes llevaron al senador (y exdiputado) Juan Luis Castro (PS), quien integró la Comisión Mixta, a calificar la situación como “una inhabilidad del porte de una catedral” dado lo esencial de los datos ocultos que podrían haber influido en las opiniones vertidas en el debate legislativo. Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) comentó que, a la luz de estos nuevos antecedentes, era positivo que el proyecto aún no se hubiera convertido en ley, pues ello permitió “clarificar y despejar cualquier duda” y revisar artículos que quedaron en entredicho. En efecto, tras destaparse el caso Martones, la Ley de Fármacos II quedó suspendida y recién en marzo de 2025 el Congreso decidió reactivar su discusión para poder eventualmente aprobarla, ya con una nueva composición parlamentaria y bajo la lupa de la transparencia.
Con Martones formalmente imputada, su defensa ha argumentado que no hubo favorecimiento ilícito a las farmacéuticas. En su declaración ante la Fiscalía, la abogada sostuvo que “no hay ninguna norma [en el proyecto de ley] que beneficie a los laboratorios innovadores, ni a ningún segmento de la industria farmacéutica”. Afirmó que de haber estado alineada con los laboratorios, su consultora habría obtenido “grandes réditos económicos” y firmado muchos más contratos, cosa que no ocurrió ya que “casi todos los contratos [que Martones SpA] mantenía terminaron en el año 2021”.
Es decir, sugiere que sus vínculos comerciales con las empresas se diluyeron antes de que culminara la tramitación, negando haberse enriquecido por influir en la ley. No obstante, la línea investigativa del Ministerio Público apunta a que sí hubo un intercambio de favores: Martones habría recibido pagos de privados a cambio de utilizar su posición dentro del Congreso para proponer indicaciones, frenar o impulsar artículos, y filtrar información privilegiada del Ministerio de Salud a los laboratorios durante el debate legislativo. Estas conductas encajarían en las figuras penales de cohecho (soborno a un agente público) y tráfico de influencias, dado que Martones actuaba en los hechos como asesora pública (aunque sin remuneración) de legisladores, interfiriendo en un proceso estatal a instancias de intereses particulares.
A mediados de 2024, la defensa de Martones intentó sin éxito lograr su sobreseimiento (cierre del caso). En julio de 2024, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sobreseerla, confirmando una resolución previa del 8º Juzgado de Garantía que mantenía vigente la investigación. Los querellantes de la AFFI celebraron el fallo, pues permitió a la Fiscalía continuar reuniendo evidencias sobre los más de $200 millones que Martones recibió mientras participaba en la tramitación de la ley, según recalcó el abogado Carlos Gajardo. “En esta investigación se descubrió que una asesora del Congreso, ad honorem (sin retribución), recibía durante los dos años de tramitación de la causa, más de 200 millones de pesos por diversas asesorías a laboratorios muy interesados en ese proyecto de ley”, explicó Gajardo, subrayando la gravedad máxima de estos hechos.
El diputado Celis también reaccionó entonces, calificando de “impresentable” cualquier intento de cerrar el caso sin llegar al fondo de la verdad. “Ya se estableció que [Martones] fue financiada por laboratorios internacionales y que además trabajó o asesoró ad honorem a parlamentarios e incluso (…) a autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, al Senado del anterior gobierno, a senadores de oposición del anterior gobierno. Esto es un escándalo”, declaró Celis, felicitando a Gajardo y la AFFI por perseguir la “probidad” y la “lucha contra el tráfico de influencias” .
Durante 2023 y 2024, la Fiscalía ha continuado recabando testimonios de actores involucrados en la Ley Fármacos II. Por ejemplo, en noviembre de 2024 prestó declaración como testigo el exdiputado Miguel Crispi, quien integró la Comisión de Salud de la Cámara en esa época. Crispi confirmó que Martones actuaba como asesora de senadores de oposición y que su nivel de expertise en salud pública le daba influencia en la discusión técnica.
Aseguró haberse enterado de sus vínculos con la CIF “cuando se hizo público” y opinó que Martones debió haber transparentado cualquier asesoría externa para evitar suspicacias. “Mi convicción fue que desde el momento que se conoció de este evidente conflicto de interés, la tramitación de este proyecto de ley se encontraba viciada”, declaró Crispi ante los fiscales, reforzando la tesis de que el proceso legislativo perdió legitimidad una vez revelados los pagos encubiertos. Por su parte, los exsenadores Guido Girardi (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS) —a quienes Martones asesoraba— declararon que desconocían los vínculos comerciales de ella con la industria farmacéutica mientras trabajó en la comisión. La investigación sigue abierta y eventualmente podría derivar en una acusación formal ante tribunales si la Fiscalía estima que hay pruebas suficientes de delito.
Reacciones, denuncias públicas y rol como lobista farmacéutica
El caso Andrea Martones ha detonado numerosas repercusiones en el ámbito público y político, pues expone un caso paradigmático de lobby encubierto y conflictos de interés en la formulación de políticas de salud. En el Congreso, además de las acciones individuales de Celis, la Cámara de Diputados creó una comisión especial investigadora para indagar las irregularidades en la tramitación de la Ley de Fármacos II.
Este organismo parlamentario recopiló antecedentes y colaboró con el Ministerio Público. De hecho, el diputado Celis —en su calidad de integrante de dicha comisión investigadora— acudió a prestar testimonio ante la Fiscalía Oriente en 2023, aportando la información recabada sobre las gestiones de Martones y sus nexos con la industria. El proceso también motivó debates sobre las normas de lobby y transparencia: Martones asistía como asesora “gratuita” amparada en la necesidad de experticia técnica, lo que evidenció un vacío regulatorio, pues personas en esa posición no estaban sometidas a declaración de intereses o registro de lobby. Tras conocerse el caso, en el Congreso se planteó la idea de reforzar los controles sobre asesores ad honorem para evitar que se repita una situación similar, donde un consultor privado se “infiltra” en una discusión legislativa de alto impacto.
En los medios de comunicación, el escándalo ha sido objeto de extensos reportajes investigativos. El 11 de abril de 2023, La Tercera publicó un informe detallado revelando las facturas emitidas por Martones SpA a los laboratorios, tras acceder al oficio reservado del SII con dichos datos. Esta publicación confirmó el alcance millonario de los pagos y enumeró a las farmacéuticas involucradas, generando amplia resonancia. Otros medios, como BioBioChile y Meganoticias, han seguido de cerca la evolución del caso, cubriendo desde las audiencias judiciales hasta las nuevas querellas.
Por ejemplo, en julio de 2024 BioBioChile informó sobre el rechazo al sobreseimiento de Martones, citando la satisfacción de la AFFI y las declaraciones de Celis enfatizando la gravedad del asunto. Y ya en abril de 2025, el área de investigación de Meganoticias dio a conocer partes de las diligencias más recientes, como la declaración de Miguel Crispi y los propios descargos de Martones ante Fiscalía.
Asimismo, el tema ha encendido un debate público sobre la influencia de los laboratorios farmacéuticos en las leyes. Por un lado, organizaciones como la AFFI y parlamentarios como Celis denuncian que este es un caso flagrante de captura del proceso legislativo por intereses corporativos, poniendo en riesgo la credibilidad de reformas cruciales para la salud pública. “Por supuesto es de la máxima gravedad y debe investigarse profundamente para despejar cualquier duda respecto de cómo se tramitó la ley”, sostuvo el abogado Gajardo, enfatizando que hay que garantizar que la Ley de Fármacos II (que busca bajar el precio de los medicamentos) no quede contaminada por intereses ocultos.
Por otro lado, algunas voces —principalmente cercanas a los exlegisladores involucrados— acusan que esta judicialización ha tenido un efecto paralizante. En un reportaje de El Mostrador de diciembre de 2024, se plantea que la querella contra Martones derivó en una suerte de “lawfare” que tiene frenada la Ley de Fármacos II, prolongando por años la falta de consenso en torno a esa iniciativa.
En cualquier caso, el consenso general es que lo ocurrido con Andrea Martones constituye un hecho inédito en la tramitación legislativa chilena, que ha puesto bajo escrutinio la probidad en la formación de la ley. Que una abogada externa haya tenido tal protagonismo en un proyecto clave —al punto de redactar indicaciones adoptadas en la norma— mientras percibía pagos de empresas interesadas, resulta altamente alarmante. “Esto es corrupción y no lo vamos a permitir”, afirmó categórico el diputado Celis.
La expectativa tanto de la opinión pública como de los entes fiscalizadores es que la investigación penal esclarezca totalmente el alcance de las conductas denunciadas y se establezcan las responsabilidades correspondientes, sancionando cualquier delito cometido en este esquema de lobby irregular. El caso ya ha dejado lecciones importantes: ha evidenciado la necesidad de mayor transparencia en el cabildeo legislativo, el fortalecimiento de normas de ética pública y quizás la revisión de los mecanismos de participación de asesores externos en el proceso parlamentario.
Mientras la justicia sigue su curso, las miradas también están puestas en el Congreso, que deberá retomar proyectos como la Ley de Fármacos II bajo la sombra de esta polémica. Por lo pronto, gracias a estas querellas e investigaciones periodísticas, hoy se conoce la magnitud de los antecedentes que vinculan a Andrea Martones con los laboratorios farmacéuticos, configurando un caso emblemático de presunto cohecho y tráfico de influencias en Chile. Las etapas venideras del proceso judicial determinarán si tales acusaciones se traducen en eventuales juicios y condenas, o si —por el contrario— la versión exculpatoria de Martones logra desvirtuar la existencia de un delito. Lo cierto es que, en términos institucionales, el caso ya impulsó un llamado transversal a resguardar la “transparencia intransable” de los procesos legislativos en materia de salud, para que primen siempre el interés público y la ética sobre cualquier presión particular.
Fuentes consultadas
- BioBioChile (1 de abril de 2025). Celis acusa presunto tráfico de influencias y cohecho en Ley del Cáncer y Ricarte Soto.
- G5 Noticias (3 de abril de 2025). Diputado Celis presenta querella contra Andrea Martones por cohecho y tráfico de influencias.
- La Tercera (23 de febrero de 2023). Martones emitió 45 facturas por $215 millones mientras asesoraba a senadores en Ley de Fármacos 2.
- BioBioChile (23 de febrero de 2022). Farmacias independientes se querellan contra asesora de senadores vinculada a laboratorios.
- BioBioChile (10 de julio de 2024). Rechazan sobreseer a Andrea Martones, investigada por tráfico de influencias.
- Meganoticias (1 de abril de 2025). Miguel Crispi declara en investigación por Ley de Fármacos 2: ‘La tramitación se encontraba viciada’.
- Instagram – Cuenta @diputado_celis_montt (3 de abril de 2025). Declaración pública sobre filtración de la Ley Ricarte Soto.
- YouTube (22 de marzo de 2025). Los últimos antecedentes del caso Ley de Fármacos 2.
