Por una ley bien hecha y que beneficie a las personas, la Asociación Gremial de Farmacias Independientes (AFFI Chile) rechaza la decisión del Gobierno de aplicar discusión inmediata a la Ley de Fármacos II, justo cuando se conocen nuevos antecedentes del caso Martones. El Ministerio Público investiga pagos por más de $343 millones recibidos por la abogada Andrea Martones, durante el periodo de tramitación de la ley, desde al menos 11 laboratorios, a través de su empresa Martones SpA.

Que un proyecto tan sensible avance bajo este nivel de cuestionamiento resulta extremadamente delicado. Más aún cuando, en su contenido, la ley establece un mecanismo de regulación de precios que no toca a los laboratorios —que fijan los precios más altos de la región— y que podría generar efectos contrarios a los que pretende resolver.

Una de las amenazas más graves es la desaparición de medicamentos de bajo costo. La experiencia con la Ley de Fármacos 1 demuestra que, al reducir los márgenes de ganancia, algunos laboratorios dejan de producir medicamentos genéricos económicos, considerándolos financieramente inviables. Esto conlleva una pérdida real de acceso para la población más vulnerable.

Es esperable que provoque un incremento en el precio de medicamentos económicos. Las restricciones impuestas podrían llevar a los laboratorios a aumentar los precios de genéricos y bioequivalentes, justamente aquellos productos que más necesita la ciudadanía. En lugar de beneficiar a las personas, el efecto sería el contrario.

Una regulación mal calibrada puede desincentivar la entrada de nuevos actores y provocar el cierre de farmacias pymes, fortaleciendo el oligopolio de los grandes laboratorios y cadenas, limitando la oferta y diversidad de medicamentos disponibles. Menos competencia a futuro significa menor innovación, menor cobertura y, potencialmente, precios más altos.

Riesgo de desabastecimiento si los precios regulados no cubren los costos logísticos y de producción, los proveedores podrían retirarse del mercado en determinadas categorías o regiones, generando escasez de medicamentos clave, especialmente para quienes dependen de tratamientos crónicos.

Por todo lo anterior, AFFI insiste en que esta ley debe ser reabierta y corregida antes de su votación. El acceso a los medicamentos no se puede proteger con medidas que terminen eliminando alternativas económicas, restringiendo la competencia y dejando zonas sin cobertura farmacéutica real.

Impacto en las Farmacias Pymes

Particularmente preocupantes resultan disposiciones como el “precio máximo industrial” y la “tarificación de dispensación”, que no consideran los costos operacionales reales de estas farmacias. De implementarse en su forma actual, estas medidas reducirían drásticamente los ingresos de las farmacias pymes independientes, muchas de las cuales ya operan con márgenes muy estrechos. En la práctica, esto podría llevar al cierre de farmacias, afectando directamente el acceso a medicamentos en zonas donde las farmacias independientes son la única opción disponible para la comunidad.

De aprobarse en su redacción actual, esta ley:

  • Debilita la red de farmacias independientes en todo el país.
  • Refuerza el poder de los grandes actores del mercado: laboratorios, intermediarios y cadenas farmacéuticas.
  • Aumenta las sanciones sobre las farmacias pymes, que no tienen capacidad operativa ni legal para responder a nuevas exigencias administrativas.
  • Acelera la concentración del mercado, dificultando aún más la subsistencia de las farmacias independientes.

En vez de promover una regulación que fortalezca a las farmacias pymes independientes, esta ley las empuja a una situación crítica, atentando contra su viabilidad y poniendo en riesgo el acceso a medicamentos para miles de personas que hoy dependen de ellas.

Cohecho y tráfico de influencias en el corazón del proyecto: Caso asesora «ad honorem» de la Comisión Mixta.

Un grave caso de posible conflicto de interés ha remecido la tramitación de la Ley de Fármacos II en Chile. Andrea Martones, abogada y ex asesora del Ministerio de Salud (Minsal), se encuentra bajo investigación del Ministerio Público por presuntos delitos de cohecho y soborno, luego de descubrirse que recibió millonarios pagos de la industria farmacéutica mientras asesoraba ad honorem a senadores en la discusión de dicha ley . El escándalo, destapado a inicios de 2022, derivó en una querella interpuesta por la Asociación gremial de Farmacias Independientes AFFI Chile, por tráfico de influencias, frenó el avance legislativo del proyecto y desató un intenso debate sobre transparencia, lobby y ética en las políticas de salud pública.

Andrea Martones asesoró ad honorem a legisladores en la Comisión Mixta de la Ley de Fármacos II, entre ellos a los exsenadores Rabindranath Quinteros y Guido Girardi . Su doble rol como consultora privada de laboratorios y consejera legislativa desató acusaciones de lobby encubierto que derivaron en una investigación penal por cohecho y soborno, poniendo en jaque la credibilidad del proceso legislativo.

¿Quién es Martones? Es abogada especialista en derecho sanitario, ha desempeñado diversos cargos públicos vinculados a salud. Entre 2002 y 2011 trabajó en hospitales y organismos del Estado, y en 2015 se integró al Minsal como asesora jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública. Desde esa posición participó en el debate de la Ley Ricarte Soto y en el inicio de la tramitación de la Ley de Fármacos II . Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, también fue jefa de asesoría jurídica del Instituto de Salud Pública (ISP) y asesora en regulación sanitaria, experiencia que la convirtió en una de las expertas más reconocidas en regulación farmacéutica.

Con el cambio de gobierno en 2018 (segunda administración de Sebastián Piñera), Martones fue removida de su cargo —según ella, por razones políticas— e incluso entabló una demanda por despido injustificado, la cual terminó con un acuerdo extrajudicial y una indemnización de 10 millones de pesos a su favor. En abril de 2018, tras su salida del Minsal, fundó la consultora Martones SpA, orientada a asesorías en tecnologías y normativas sanitarias.

La Ley de Fármacos II se había presentado originalmente en 2015 con el objetivo de bajar el precio de los medicamentos y endurecer la regulación de la industria farmacéutica y de las cadenas de farmacias. Sin embargo, su trámite fue lento y complejo. A comienzos de 2020, el proyecto llegó a Comisión Mixta para que senadores y diputados resolvieran discrepancias, incluyendo temas sensibles como la obligatoriedad de bioequivalencia y la fijación de precios de los remedios. En ese contexto, Martones —quien entonces ya trabajaba como consultora privada— fue invitada por parlamentarios de oposición para que aportara su expertise jurídica en la comisión.

Entre marzo de 2020 y enero de 2022, Martones asistió ad honorem (es decir, sin contrato ni remuneración del Congreso) a 23 de las 28 sesiones de la Comisión Mixta de Fármacos II, por solicitud de los entonces senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC) . Según explicaron estos legisladores, la trayectoria de Martones en el ISP y el Minsal justificaba contar con su colaboración técnica . En un inicio, su participación quedó registrada en actas oficiales como “asesora del senador Girardi”, hasta que en octubre de 2020 se aclaró que no era asesora personal sino una experta en legislación sobre fármacos invitada a la comisión . Su voz llegó a ser muy influyente en el debate: con frecuencia los senadores le cedían la palabra para que respondiera dudas técnicas o comentara propuestas de la ley. De hecho, el propio Girardi señaló que Martones “es una de las expertas chilenas más competentes en materia regulatoria en salud” y reveló que la conoció años atrás cuando ella representaba al Minsal en la gestación de Fármacos II.

Cabe destacar que, según clarificó posteriormente el Ministerio de Salud, durante esta etapa Martones no formaba parte del equipo oficial del Ejecutivo en la tramitación de la ley. En respuesta a un oficio de fiscalización, la entonces ministra Begoña Yarza confirmó en agosto de 2022 que ante el Minsal Martones fue presentada “como asesora del ex senador Guido Girardi” para los temas de la Ley de Fármacos II, desligándola de cualquier rol institucional dentro del ministerio en ese proceso.

Vínculos con la industria farmacéutica y conflicto de interés

A pesar de que Andrea Martones no recibía sueldo del Congreso por sus asesorías, paralelamente mantenía una intensa actividad como consultora privada para empresas del rubro farmacéutico. El 17 de enero de 2022 se reveló públicamente la primera evidencia de esos lazos comerciales: comenzó a circular en redes sociales la imagen de una factura por $16 millones de pesos emitida en junio de 2020 por Martones SpA a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) . La CIF es el gremio que agrupa a 23 grandes laboratorios nacionales e internacionales presentes en Chile, justamente uno de los actores que la nueva ley buscaba regular con mayor fuerza. En otras palabras, mientras Martones aconsejaba a los senadores sobre cómo legislar, una organización de laboratorios le pagaba por sus servicios profesionales, planteando un obvio conflicto de interés.

Días más tarde saldrían a la luz antecedentes aún más contundentes. Un informe reservado del Servicio de Impuestos Internos (SII), obtenido posteriormente por la prensa, reveló que entre enero de 2019 y enero de 2023 Martones SpA emitió 92 facturas a 10 laboratorios farmacéuticos por un total de $446 millones de pesos . De ese monto, $215 millones correspondieron a 45 facturas emitidas entre marzo de 2020 y enero de 2022 –justamente el periodo en que Martones trabajó “gratis” para los senadores en Fármacos II– La mayoría de esos documentos fueron por “asesorías jurídicas”. Los clientes incluían a compañías multinacionales de primer orden: PTC Therapeutics, Pfizer, CSL Behring, Laboratorio Chile, Novartis, Roche, AbbVie, Merck, Takeda y Boehringer Ingelheim, todos miembros de la CIF . Algunos pagos fueron especialmente elevados, como el caso de CSL Behring (16 facturas sumando $54 millones) o PTC Therapeutics (3 facturas por $53 millones) . Incluso figura un servicio prestado a Socofar S.A. –holding de la cadena de farmacias Cruz Verde– facturado por Martones en agosto de 2020, relacionado con una “jornada perspectivas de cambio en Ley de Medicamentos” .

Estos vínculos financieros simultáneos encendieron alarmas sobre un posible conflicto de interés. En la práctica, Martones estaba del lado de los legisladores encargados de regular a los laboratorios, mientras era remunerada por esos mismos actores del mercado. “Es una inhabilidad del porte de una catedral. Estos antecedentes son de suma gravedad”, fustigó el entonces diputado Juan Luis Castro (PS) al conocerse la magnitud de los pagos . Su colega Andrés Celis (RN), quien también integraba la comisión, calificó la situación como “impresentable” y presentó de inmediato una denuncia ante la Fiscalía . Por su parte, Martones intentó justificar su posición señalando en la sesión de esa semana que “jamás he ocultado que he asesorado y asesoro a laboratorios en materia de acceso”, añadiendo que ninguna de esas materias tenía relación con el proyecto de ley en discusión. Afirmó, además, que sus opiniones siempre habían sido “en contra de los intereses de la industria farmacéutica y de las farmacias” . No obstante, en esas declaraciones Martones no detalló qué clientes tenía ni qué servicios específicos les prestó.

Más adelante se supo que en otras instancias legislativas donde Martones expuso como experta (por ejemplo, en comisiones de salud del Senado ajenas a Fármacos II), sí partía sus presentaciones declarando tener un estudio jurídico con laboratorios entre sus clientes. En cambio, no hay registro de que hiciera tal advertencia en la Comisión Mixta de Fármacos II antes de que se filtrara la famosa factura en enero de 2022 . Este hecho dejó en evidencia un vacío legal en materia de transparencia: al actuar ad honorem y fuera de contrato, la asesora no estaba obligada a inscribirse como lobista ni a informar sus actividades privadas en los registros de la Ley de Lobby . En palabras de María Jaraquemada, directora de Chile Transparente, “la normativa […] ha establecido una incompatibilidad entre ser asesor parlamentario y ser lobista”, pero en este caso dicha incompatibilidad no se fiscalizó por la falta de un vínculo contractual formal . Así, Martones figuraba haciendo lobby a favor de laboratorios en al menos 13 reuniones oficiales (ante Cenabast, ISP y la Subsecretaría de Salud) sin dejar de ser a la vez una agente clave en la redacción de la ley.

Cronología del caso

  • 2015 – Inicio del proyecto: El gobierno envía al Congreso el proyecto de Ley de Fármacos II, con medidas para regular el mercado farmacéutico y abaratar el costo de los medicamentos. Andrea Martones, entonces asesora jurídica del Minsal, participa en la formulación inicial de la iniciativa.
  • 2018 – Salida del Minsal: Tras el cambio de administración, Martones es removida de su cargo en Salud y crea su consultora Martones SpA . Durante los años siguientes, presta servicios a diversos laboratorios mientras se mantiene atenta a la evolución del proyecto de ley.
  • Marzo 2020 – Martones asesora la Comisión Mixta: El proyecto Fármacos II pasa a Comisión Mixta para zanjar diferencias entre el Senado y la Cámara. Senadores de oposición invitan a Martones a integrarse como asesora técnica ad honorem. Desde entonces participa regularmente en las sesiones, apoyando la redacción de indicaciones y respondiendo consultas legales.
  • 17 de enero 2022 – Factura reveladora: En plena discusión legislativa, se filtra en Twitter una factura de $16 millones emitida por Martones SpA a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) durante 2020. La difusión del documento genera estupor en la Comisión Mixta. Parlamentarios como Miguel Crispi (RD) y Andrés Celis piden suspender la tramitación hasta aclarar el tema, mientras el senador Girardi denuncia una “operación política” para boicotear la ley por parte de intereses privados contrarios al proyecto .
  • 18-27 de enero 2022 – Crisis en la comisión: Pese a la controversia, la Comisión Mixta acelera su trabajo y celebra seis sesiones en pocos días . Martones reconoce ante los congresistas que asesora a laboratorios, pero alega que ello no influye en Fármacos II . Insatisfecho, el diputado Celis formaliza una denuncia ante Fiscalía el 18 de enero. El 22 de enero, la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI) anuncia que presentará una querella criminal por cohecho y tráfico de influencias , la cual se materializa el 22 de febrero de 2022 con el patrocinio del exfiscal Carlos Gajardo.
  • Marzo 2022 – Fin de la asesoría ad honorem: Con el cambio de legislatura (asunción del nuevo Congreso y gobierno), Martones deja de asistir a la comisión. El senador Quinteros, quien presidía la instancia, concluye su período y la tramitación de Fármacos II queda en suspenso a la espera de que el nuevo Parlamento decida cómo proceder.
  • Agosto 2022 – Respuesta del Minsal: En un oficio, la ministra Begoña Yarza aclara que Andrea Martones siempre actuó en la comisión en representación de un senador (Girardi) y no del Ministerio de Salud . Este pronunciamiento busca despejar cualquier duda sobre una posible vinculación oficial de Martones con el Minsal durante la controvertida tramitación.
  • Octubre 2022 – Ética del Senado se pronuncia: La Comisión de Ética y Transparencia del Senado revisa una denuncia presentada contra Guido Girardi por la asesoría de Martones. Finalmente desestima la acusación, concluyendo que “no ha existido falta o deber ético” por parte del exsenador, dado que Martones no tenía contrato con el Senado y no había normativa explícita que le exigiera declarar sus actividades privadas . Para la comisión, el único error fue de registro (anotarla inicialmente como asesora de un solo senador cuando en la práctica asesoraba a varios) . Esta resolución generó críticas de expertos en transparencia, por considerar que se antepuso la letra chica reglamentaria al espíritu de la ética pública.
  • Abril 2023 – Nuevos antecedentes: Una investigación periodística revela la magnitud de las asesorías de Martones a la industria. Entre 2020 y 2022 habría recibido más de $200 millones por consultorías a laboratorios mientras se tramitaba la ley. Se publican los nombres de los 10 laboratorios involucrados y montos totales, reforzando la tesis de un conflicto de interés mayúsculo. Parlamentarios como Juan Luis Castro y Luz Ebensperger comentan que, a la luz de estos datos, “es bueno que [la ley] todavía no se haya convertido en ley” hasta aclarar cualquier influencia indebida .
  • 10 de julio 2024 – La Justicia mantiene abierta la causa: La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza por unanimidad sobreseer (cerrar) la investigación contra Martones. Confirma así una decisión previa del Juzgado de Garantía, dando luz verde a la Fiscalía para continuar indagando los pagos recibidos por la abogada. Martones permanece en calidad de imputada en la causa por cohecho y tráfico de influencias, habiendo optado por guardar silencio en su citación ante la Brigada Anticorrupción de la PDI . Gajardo, abogado de AFFI, celebra que la indagatoria siga su curso para “determinar en qué consistieron esos pagos y hacia dónde llegaron esos dineros”.
  • Noviembre 2024 – Ley de Fármacos II estancada: A casi nueve años de iniciado el trámite, el proyecto continúa paralizado en la Comisión Mixta. Una sesión convocada para el 13 de noviembre fracasa por falta de quórum y ausencia de diputados. Incluso la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se excusa de asistir. Entre los nuevos parlamentarios hay posturas divididas: algunos proponen partir de cero con una Ley de Fármacos III dada la ley “viciada” por tantos incidentes mientras otros buscan retomar Fármacos II pero enfrentan la regla de unanimidad para reabrir el debate.
  • 21 de marzo de 2025 – Se levanta el secreto bancario de Martones SpA: En el marco de la investigación liderada por la Fiscalía Oriente, el Ministerio Público logró el levantamiento del secreto bancario de la sociedad Martones SpA, accediendo así los montos pagados por laboratorios farmacéuticos a la empresa de Andrea Martones durante la tramitación de la Ley de Fármacos II. A partir del análisis financiero realizado por la fiscalía, se actualizó la cifra total que habría recibido la abogada mientras se desempeñaba como asesora de la Comisión Mixta: más de $343 millones de pesos, provenientes no de uno, sino de al menos 11 laboratorios diferentes, según consta en los antecedentes recabados. Estos pagos refuerzan la hipótesis de un posible caso de cohecho y tráfico de influencias, por lo que la causa penal continúa activa bajo la conducción de la Fiscalía Oriente.

Consecuencias políticas y legislativas

El clima aún está marcado por la desconfianza y el desgaste político tras el caso Martones. El caso Andrea Martones tuvo un impacto inmediato en la arena política y en el destino de la Ley de Fármacos II. Por un lado, detonó la suspensión práctica del debate legislativo: desde enero de 2022, la comisión mixta entró en hibernación y durante todo 2023 no volvió a sesionar sobre el proyecto. Varios parlamentarios condicionaron retomar la discusión a que se esclarecieran primero los eventuales conflictos de interés. En paralelo, la querella de AFFI y la investigación penal introdujeron un elemento de judicialización inédito en la tramitación de esta ley. La posibilidad de que el proceso estuviera “contaminado” frenó el impulso político: el Ejecutivo de Gabriel Boric optó por priorizar otras reformas sanitarias (por ejemplo, una ley corta de isapres y un seguro catastrófico) antes que empujar Fármacos II, precisamente para evitar involucrarse en una iniciativa bajo sospecha. De hecho, en 2024 el Ministerio de Salud mostró cautela: uno de sus asesores legislativos incluso se inhabilitó de apoyar en este tema por haber sido cercano a la etapa previa del proyecto.

El caso también expuso falencias normativas en materia de transparencia parlamentaria. La resolución de la Comisión de Ética del Senado, si bien ajustada a reglamento, dejó en evidencia la falta de controles para figuras como los asesores ad honorem. No había obligación de declarar intereses ni prohibición de lobby encubierto al no mediar un contrato. Tras el escándalo, surgieron llamados a reformar estas reglas: expertos y ONGs de transparencia propusieron establecer registros públicos para cualquier asesor legislativo, remunerado o no, con detalles de sus posibles conflictos de interés. El diputado Andrés Celis, por ejemplo, ingresó en 2022 un proyecto de ley para regular a los asesores ad honorem y evitar que se repita un caso similar (iniciativa que aún se discute). En el Senado, el entonces legislador Rabindranath Quinteros, que presidió la comisión mixta y luego asumió como presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, reconoció la necesidad de mayor transparencia pero se excusó de opinar directamente por estar involucrado institucionalmente.

Políticamente, la discusión se polarizó. Sectores acusaron a Girardi y a los impulsores de la ley de haber permitido una influencia indebida de los laboratorios en la redacción del texto, aunque fuera de forma indirecta a través de Martones. Otros defendieron el fondo de la ley y minimizaron el rol de Martones, señalando que sus aportes técnicos apuntaban a fortalecer la regulación y no a debilitarla. De hecho, el propio informe de Ética del Senado subrayó que las intervenciones de la abogada buscaban que la ley “fuera más dura, más exigente” con la industria, conforme al testimonio de los senadores que la escucharon . No obstante, el daño reputacional ya estaba hecho. Fármacos II pasó a ser vista como una ley potencialmente “viciada” o comprometedora, lo que dificulta su aprobación sin que antes se despejen todas las dudas. A inicios de 2025, las comisiones parlamentarias evalúan si vale la pena rescatar el proyecto actual —introduciendo mecanismos de transparencia retroactiva y quizás eliminando cualquier influencia objetable— o si resulta políticamente más viable desecharlo y presentar uno nuevo, la eventual “Ley de Fármacos III”.

Reacciones y debate público

El caso Martones encendió un debate público sobre la relación entre el lobby farmacéutico y las políticas de salud en Chile. Diversos actores alzaron la voz con miradas contrapuestas:

  • Gremio de farmacias independientes: La Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI), que agrupa a 300 farmacias locales, fue quizás la más combativa tras las revelaciones. Para la AFFI, los hechos confirmaron sus temores de que el proyecto Fármacos II había sido capturado por intereses de los grandes laboratorios en desmedro de las farmacias pequeñas y los consumidores . Héctor Rojas, presidente de AFFI, calificó la situación como “una sentencia de muerte para las farmacias independientes” y acusó que la ley tal como estaba redactada beneficiaba a una parte de la cadena (los laboratorios), imponiendo regulaciones sin sentido a las farmacias minoristas . La AFFI justificó su querella señalando que “si esta ley está viciada, Chile y especialmente los consumidores tienen derecho a saberlo” . Su postura tuvo eco en segmentos de la opinión pública preocupados por la colusión histórica de farmacias y por el alto costo de los medicamentos.
  • Senadores impulsores y defensa de Martones: Del otro lado, los exsenadores Guido Girardi y Rabindranath Quinteros —principales impulsores de Fármacos II en la Cámara Alta— defendieron la legitimidad del proceso legislativo (y de su asesora ad honorem). Girardi enfatizó que ninguna de las políticas promovidas en la ley favorecía a los laboratorios; de hecho, “los proyectos en que ha intervenido [Girardi] fueron en directo perjuicio de la actividad farmacéutica”, argumentó, citando que precisamente por eso los gremios lo atacaban . Tanto Girardi como Quinteros han insistido en que el mérito de la ley debe analizarse por separado de la situación de Martones, y han llamado a los actuales parlamentarios a no desechar medidas que consideran cruciales. No obstante, reconocen que el daño político está hecho: “Necesitamos generar consenso” sobre la ley, dijo Girardi.
  • Expertos en transparencia y opinión pública: Organizaciones de la sociedad civil enfocadas en buen gobierno, como Chile Transparente, sostienen que el caso Martones evidenció zonas grises en la formulación de políticas públicas. Si bien la asesoría de Martones no era ilegal bajo las normas vigentes, “no consideró el espíritu” de dichas normas. La imagen de una asesora legislativa negociando con la industria puertas afuera generó legítimas suspicacias. En redes sociales y columnas de opinión se debatió sobre la delgada línea entre buscar expertos técnicos y permitir que intereses privados se cuelen en las leyes. Muchos chilenos expresaron indignación al saber que una persona vinculada al Ministerio de Salud “boleteó” más de $200 millones a laboratorios mientras participaba en un proyecto que precisamente buscaba regular a esos laboratorios. La prensa, por su parte, jugó un rol crucial investigando el tema: reportajes en La Tercera y otros medios expusieron detalles de las facturas y las contradicciones en los testimonios, manteniendo el tema en la agenda pública. El efecto ha sido un manto de desconfianza no solo sobre esta ley, sino que ha extendido la alerta hacia otros procesos legislativos en salud donde puedan existir conflictos no declarados.

En síntesis, el caso de Andrea Martones ha dejado una lección aleccionadora sobre la importancia de la probidad y la transparencia institucional. Aún está por verse si la abogada recibirá sanciones penales, pero su situación ya trascendió para convertirse en un símbolo de las debilidades en la regulación del lobby en Chile. La frase de Carlos Gajardo, abogado querellante, resuena ampliamente: este asunto “es de la máxima gravedad y debe investigarse profundamente para despejar cualquier duda respecto de cómo se tramitó la ley”. Solo mediante una investigación exhaustiva y correctivos institucionales se podrá restaurar la confianza en que la Ley de Fármacos II –o la nueva ley que la reemplace– se apruebe libre de influencias indebidas, velando exclusivamente por el interés público y la salud de la población.

Referencias:

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