Columna de Opinión Cooperativa
La cocina política vio en esta pandemia la oportunidad propicia de saltarse toda la discusión parlamentaria que se llevaba en el Congreso en materia de venta electrónica de medicamentos y fraccionamiento de estos. Es así, como hoy nos encontramos con dos nuevos decretos del MINSAL, promulgados en plena expansión del coronavirus. El primero, el 58, permite la venta electrónica de medicamentos y el segundo, el 49, el fraccionamiento de éstos.
A primera vista, parecen ser dos grandes noticias. Pero basta ahondar en el tema para darse cuenta que el Estado de Chile ha abierto una caja de pandora, que pone en riesgo el interés de la salud pública y la dispensación segura de fármacos. Además, genera un aumento de los costos de proveer medicinas, impactando el gasto de bolsillo de los pacientes.
En ambos decretos se contemplan plazos exiguos para que las farmacias den cumplimiento a las nuevas exigencias de la autoridad sanitaria. Respecto del fraccionamiento, esta ley autoriza que sea realizado tanto por la propia farmacia como por un tercero autorizado, en caso de existir impedimento por parte de la primera.
Lo cierto es que, por la forma en que este tema fue regulado, muchas farmacias independientes se verán obligadas a optar por convenios con las empresas que realizan este servicio, y para las cuales este decreto fue hecho a medida, sin consulta a los actores farmacéuticos que deben implementarla.
En otras palabras, la autoridad, al no pensar o poner al paciente en el centro de interés de sus medidas, lo que está haciendo es encarecer sus medicamentos por la obligación que impone a todas las farmacias de contar con el servicio de fraccionamiento, ya sea interno o externo.
Al costo actual de los medicamentos, este decreto sumará el que esta práctica exige (directo e indirecto) el de los envases y el transporte logístico. Ello, sin siquiera medir los impactos sanitarios que indefectiblemente acarreará esta manipulación totalmente innecesaria.
¿No habría sido más barato y más sanitario fraccionar en origen, es decir, en los laboratorios? O, en realidad, ¿eso hubiera significado malograr el tremendo negocio de los laboratorios que estuchan, blistean o empacan más grageas, píldoras, que las que se requieren para un tratamiento médico?
En efecto, ya sea que esta función se deposite en terceros o en la farmacia, en la mayoría de los casos sólo aumentará el valor final del fármaco en vez de disminuirlo, pues requiere infraestructura y personal especialmente dedicado a esta tarea.
Desde la óptica sanitaria, fraccionar es una práctica compleja, que por décadas ha realizado el sector público en farmacias de hospitales, donde los errores en la entrega de los medicamentos fraccionados pueden tener un desenlace fatal.
Hubiera sido bastante más lógico y eficiente regularlo a nivel de producción, a fin que el laboratorio productor modifique el registro sanitario y compatibilice el número de pastillas a las que realmente dispensa en su terapia el médico tratante.
En relación al decreto 58 de venta electrónica de medicamentos, el MINSAL busca liberalizar irresponsablemente y con un afán netamente económico, que no se condice con el resguardo de la salud pública, la participación de actores no regulados sanitariamente en la dispensación farmacéutica, tales como empresas del retail y sus canales electrónicos y de despacho a domicilio.
En ese sentido, este decreto no garantiza un apropiado control sanitario y expone a la población a riesgos graves en relación a la correcta preservación de medicamentos, su manipulación, conservación, trazabilidad y fármaco vigilancia.
El medicamento, dependiendo de su uso, puede mejorar la salud o causar graves daños. Las farmacias, Centros de Salud, son los lugares autorizados y cuentan con un profesional sanitario, el químico farmacéutico, responsable de la seguridad de estos. Por ello, en estos tiempos de pandemia es fundamental que el despacho a domicilio sea efectuado por una farmacia establecida y conocida, que garantiza efectivamente estos aspectos a los pacientes.
Y en tanto, los proyectos de Ley pro consumidor y Ley de Fármacos II están congelados en el Congreso, este último tras su paso desde el Senado a la Comisión mixta, después de más de dos años de discusión en la Cámara de Diputados.
Resulta muy difícil creer que la promulgación de estos decretos ha sido por motivos de fuerza mayor debido a la pandemia. Todo lo contrario, más bien parece ser que obedecen a la conveniencia de los grandes intereses económicos que defiende este Gobierno
En pleno Estado de excepción, es inexplicable que el MINSAL ahogue al sector con exigencias como la del fraccionamiento obligatorio. Mientras tanto, la cartera que dirige el señor Mañalich hace oídos sordos a las peticiones para que se proteja a los trabajadores de farmacias con medidas básicas como incluir a sus profesionales auxiliares y químicos farmacéuticos en los planes de vacunación, seguros de vida y acceso expedito al examen PCR Covid 19, fundamental para poder continuar brindando atención sin interrupciones, a toda la población.
Generar una crisis en la dispensación es lo que menos necesitamos como país en estos tiempos. Recordemos que las farmacias independientes son en su mayoría pymes, que ya están realizando un enorme esfuerzo humano y económico, por mantener el servicio de la dispensación en pie, haciendo frente tanto a la pandemia como a la crisis económica.
En este difícil contexto, las recientes instrucciones de la autoridad parecen ser de una miopía grave. Prontamente, veremos las consecuencias en nuestro país al pretender gobernar vía decretos en materias tan sensibles como lo es la Salud Pública.
Presidente AFFI Chile, Héctor Rojas Piccardo. Leer sus columnas de opinión en Cooperativa.
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