SERNAC convocó a Gremios empresariales: Ley 21.081, nuevas facultades fiscalizadoras y multas. Atento sector farmacéutico.

A partir de marzo comienza a regir la nueva Ley del Consumidor, en este contexto revierte especial importancia generar material educativo e informativo sobre ella al interior de las empresas e instituciones que brindan servicios.

422

El Director del SERNAC, Lucas del Villar, sostuvo en la primera reunión informativa con el sector gremial de empresarios, que más certeza jurídica, acceso a información oportuna y capacitación al sector empresarial sobre esta nueva Ley y su escenario normativo, será clave para asegurar que las empresas, entre ellas las Farmacias, encuentren en este nuevo marco una oportunidad para adecuar sus procesos y prácticas para distinguir su marca y reputación frente a la sociedad evitando multas que afecten su funcionamiento, desarrollo y crecimiento.

Curso On-line para empresas y trabajadores

SERNAC ha implementado en su aula educativa web un curso on line para empresas proveedoras de bienes y servicios dirigido a trabajadores, empresarios, vendedores, entre otros, cuyo objetivo es conocer los detalles de esta ley y su implementación. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de noviembre.

Instituto del Derecho del Consumidor

Su creación busca agrupar a la Academia, asociaciones gremiales y de consumidores, para debatir las materias de los derechos del consumidor, generar contenido y promover normativa determinando su impacto y  eficiencia.

Guías de alcance jurídico en diferentes mercados y sectores.

Dichas guías se encuentra en perfeccionamiento y, desde 2018, SERNAC  incluirá en ellas interpretación normativa, esto de acuerdo a la facultad que emana de la nueva ley.

En qué consistirá la fiscalización

De acuerdo a lo publicado por SERNAC, estas serán:
• Fiscalizar significa que funcionarios del SERNAC podrán comprobar y constatar en terreno las infracciones de las empresas.
• Por ejemplo, un fiscalizador del SERNAC podría ir a una tienda y comprobar que los precios de los productos no están a la vista como lo exige la Ley. Con esa prueba los Juzgados de Policía Local podrán sancionar a la empresa con multas que podrían llegar hasta los 300 UTM (14 millones aproximadamente).
• También pueden realizar fiscalizaciones no presenciales, por ejemplo, revisando la página web de una empresa y comprobando infracciones en su publicidad o contratos.
• Habrá un plan de fiscalización anual, que pondrá la lupa en aquellas áreas donde los consumidores puedan estar más indefensos.
• Las empresas estarán obligadas a entregar información o podrán ser castigadas con multas de hasta 750 UTM (36 millones aproximadamente) por los tribunales.
• Las PYMES sin infracciones en el año en curso tendrán 10 días para regularizar su situación.

Multas

• Cuando se vulneren los derechos de los consumidores, las empresas serán castigadas con multas hasta 7 veces más altas que las actuales. Podrían llegar hasta 2.250 UTM (105 millones aproximadamente) por cada consumidor afectado en el caso de las infracciones más graves.
• Las indemnizaciones a los consumidores por casos colectivos podrán aumentarse hasta en un 25% en caso de infracciones en que concurran agravantes, e incluso, considerar el daño moral.
• Las empresas que colaboren con los procesos o se auto-denuncien, podrán optar por una rebaja de la multa ante Tribunales. A la empresa le convendrá siempre indemnizar a los consumidores antes de que haya sentencia, lo cual permitirá llegar a mejores acuerdos.
• Las actuales mediaciones colectivas se perfeccionan y se denominarán Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), proceso que buscará soluciones para los consumidores rápidas y eficientes, sin tener que llegar a juicio.
• El PVC será más corto, pues durará como máximo 3 meses por lo que se promueven soluciones más oportunas y efectivas (sólo podrá extenderse por otros 3 meses en casos en donde existan negociaciones avanzadas o por la necesidad de analizar antecedentes y propuestas).
• Mientras dure un PVC se suspenden los plazos de prescripción de las denuncias o acciones para perseguir la responsabilidad de las empresas, por lo que se mantiene el derecho del consumidor a que el problema lo zanje un juez si no se llega a una solución.
• Los PVC sólo pueden iniciarse en caso de que no existan demandas colectivas presentadas por los mismos hechos.
• Nadie podrá demandar colectivamente por los mismos hechos mientras esté vigente un PVC.
• Para que una solución ofrecida por la empresa en el marco de este procedimiento, se apruebe, tiene que cumplir con ciertas condiciones:
• Detener la conducta que atenta contra los derechos de los consumidores. Por ejemplo, si se trata de cobros indebidos, dejar de cobrarlos hacia el futuro, prometiendo no volver a cometer la misma falta.
• Cuando haya existido daño, entregar devoluciones, compensaciones o indemnizaciones proporcionales, adecuadas y con alcance para todos los afectados. Por ejemplo, en caso de cobros indebidos, la empresa deberá devolver a los consumidores el dinero que haya cobrado ilegalmente.
• Que las soluciones establezcan plazos razonables, y que se pueda acreditar su cumplimento respecto de todos los consumidores beneficiados. Es decir, no basta con una solución de papel, sino que todos los compromisos que beneficien a los consumidores deben tener plazos, formas de comunicación con los beneficiados, debiendo la empresa comprobar que ha cumplido hasta la última letra de la solución.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here