Uno de los pilares de la nueva política de medicamentos, ampliamente anunciada y que está en el centro de la crisis social que atravesamos, es facilitar la importación de medicamentos.
Por un lado el Gobierno “descubre la pólvora” haciendo ilusionarse a los enfermos con el hecho de que podrán importar, en forma personal y sin intermediarios, sus medicamentos. Pero esta norma no es una novedad, existe desde el año 1982 y ha sido lo que algunas farmacias independientes han promovido, posibilitando el acceso a medicamentos de alto costo para miles de chilenos enfermos crónicos, por más de 30 años.
Pues bien, ahora se le suma una nueva medida proteccionista para los intereses de las farmacéuticas extranjeras establecidas en el país. Se trata del decreto N°50 de fecha 28/12/2019. En el artículo 21 letra b limita a un máximo de seis meses la extensión máxima de tratamiento a importar.
Un simple cambio al parecer, pero que afecta en definitiva la viabilidad de esta estrategia para bajar los precios de los medicamentos, haciéndola inoperante para los pacientes. Esta medida no ayuda al enfermo, lo perjudica.
Es tal la diferencia de precios en algunos medicamentos en el exterior, que al limitar a seis meses la receta, los costos administrativos (transporte, aduanas, etc.) serán mayores al precio del medicamento, equiparándolo al precio en Chile. Ganancia neta para las farmacéuticas internacionales establecidas en nuestro país.
Es muy probable que los enfermos no encuentren además, empresas interesadas en exportar por los bajos precios existentes en, por ejemplo, la Comunidad Europea.
Doy un ejemplo, el medicamento Lipitor 20 mg. x 30 comprimidos, utilizado para bajar el colesterol, tiene en algunos países de la Comunidad Europea un precio en farmacias equivalente a $5.400.- pesos chilenos. En Chile su precio para la misma presentación, es de $56.000.-
¿Existirá en Europa una distribuidora interesada en exportar para Chile solo 6 cajas de Lipitor en un valor de $32.400?