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Es por todos anhelado, demandado y justo, que las políticas públicas en Salud reditúen en una disminución en el gasto de bolsillo en medicamentos. Pero ¿qué sucedería si por un mal diseño de leyes se ponga en riesgo a la red de dispensación farmacéutica independiente encargada de brindar acceso oportuno y de calidad a los pacientes y, además, tampoco se logre el objetivo más importante de disminuir los precios?
En esta difícil situación nos encontramos hoy con el proyecto de Ley de Fármacos II que se discute en la Comisión Mixta, el cual tiene una serie de falencias de origen que si bien fueron tratadas de subsanar en la Comisión de salud de la Cámara de Diputados han sido desoídas en esta nueva instancia.
Bien sabemos que hay senadores que con fuertes descalificativos culpan a las farmacias del alto costo de los medicamentos a pesar de los innumerables estudios, como el de IQVIA, que establecen que el valor de los medicamentos bioequivalentes y genéricos están por debajo del promedio de otros países sudamericanos.
Y recién este año, después de décadas, reconocen en forma pública que los laboratorios internacionales no son “blancas palomas”. Claro está, pues estos mismos estudios revelan que en América Latina los medicamentos de marca con patente son en promedio 2,8 veces más caros que un genérico y en Chile lo son 20,9 veces más.
Evidentemente, hay un sesgo a la hora de abordar esta problemática difícil de entender pues los laboratorios internacionales son el foco de atención de todos los países que han resuelto positivamente la disminución del gasto en medicamentos, dado que las farmacéuticas multinacionales deciden el acceso a la salud en muchos países, sobre todo en los de nuestra Región.
Pero en Chile, parece ser que para nuestros representantes sigue siendo políticamente más rentable no enfrentar el precio de fábrica que impacta y merma el gasto en salud de nuestros compatriotas. Y así no dirigir las medidas hacia estos laboratorios que manejan los productos de marca y que dictan y mandan los precios de los medicamentos esenciales en nuestro país.
La industria farmacéutica tiene una de las capacidades multimillonarias más grandes de lobby de Chile y el mundo. Máquinas comunicacionales con capacidad de levantar cuanto estudio se requiera para asegurar su poder y status quo en la agenda pública y mediática. Incitando de mano de algunos legisladores, el odio y la frustración de la ciudadanía hacia nuestras farmacias, la mayoría pymes, las cuales han sido quemadas y saqueadas en las protestas por demanda en salud.
Como farmacias independientes, centros de salud, clamamos por lo que consideramos justo para nuestros pacientes. La fórmula de fijación de margen que se discute en el proyecto de Ley de Fármacos II, tal como está planteada, es decir, aprobar una regulación ineficiente, no bajará los precios de los medicamentos éticos y provocará un desabastecimiento de medicamentos genéricos sin precedente en nuestro país. Pues solo generará más inviabilidad económica para dispensarlos en Chile, y una crisis terminal en la red independiente que brinda acceso a medicamentos en todo el país.
La propuesta legislativa de fijar los precios de los medicamentos concentrándose en el margen entre “costo de adquisición y costo de dispensación” de las farmacias, es equivocada pues elude precisamente el hacerse cargo de que el alto precio de los medicamentos es en los de marca y cuyo valor excesivo se origina en el precio al que venden los laboratorios internacionales a nuestras farmacias, en relación a los precios de otros mercados en el mundo.
Es más, el estudio de mercado de los medicamentos de la Fiscalía Nacional Económica en la que esta medida se basa sólo analizó los medicamentos genéricos intercambiables y no hizo propuestas respecto de los productos innovadores de marca, pese a que estos son los que constituyen el núcleo fundamental del alto costo en medicinas de la canasta familiar.
A modo de ejemplo, para que los pacientes entiendan el impacto en su gasto, el medicamento Daflon indicado, en adultos, para el alivio de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa, en Chile los laboratorios lo venden a un precio de lista en $35.100. Sumándole el IVA, las farmacias lo compramos a $41.769. Considerando un margen de comercialización de 30% podría llegar a un precio al público de $54.300 pesos.
De aprobarse la fijación de precio con margen cero a las farmacias, el precio no podría ser inferior a $41.769 y en Europa su valor no supera los $5.000 y en Perú es cercano a $10.000 al público.
Es evidente, entonces, que cualquier política pública o norma legal que pretenda bajar los precios a cifras cercanas a los precios internacionales, y a los de nuestros países vecinos, tiene como única alternativa intervenir los precios de los productores. Si la regulación de precio no se hace en ese nivel jamás podremos tener los precios que tienen los pacientes en el resto del mundo.
Es ahí donde hay un oligopolio de laboratorios que son dueños del desarrollo e investigación del producto y donde no tienen competencia hasta que haya vencido la patente, luego de 20 años, y donde existen incentivos económicos para su venta.
Por otra parte, y sumamente preocupante, es que una comisión por dispensación de medicamento lo único que hará será aumentar el precio de la categoría de medicamentos genéricos que hoy ya son baratos y accesibles a la población, o peor aún, hará que los productores reduzcan aún más la oferta de éstos (situación que viene agravándose, dramáticamente, desde que se promulgó la ley de fármacos I), con el fin de financiar a los medicamentos de marca que seguirán imponiendo sus fabricantes a nuestro país.
Si, además, sumamos el hecho que hay muchísimos productos que no tienen competidores más económicos, los pacientes continuarán estando obligados por la farma industria productora a comprar el único y más caro disponible en el mercado que regulan, sin alternativa, dejando nuevamente e injustamente a nuestras farmacias que dispensan en la difícil posición de tener que dar explicaciones a la población por ello.
Además, de implementarse una tarifa regulada basada en un margen de comercialización que no considera aspectos críticos como la ubicación geográfica o los costos de logística, entre muchos otros, provocará que muchas farmacias pequeñas no puedan cubrir sus gastos llevándolas a la quiebra, lo cual es grave en un país como el nuestro y donde éstas representan el 58% de las farmacias.
Con medidas como la que plantea Ley Fármacos II, la red de dispensación farmacéutica privada se concentrará aún más en dos o tres grandes cadenas haciendo más difícil el acceso integrado a medicinas a lo largo del país. Así las cosas, la colaboración de las farmacias independientes con el sistema público para garantizar acceso oportuno a medicinas se verá claramente debilitado.
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