A través de la Resolución Exenta N°616, el Instituto de Salud Pública (ISP) instruyó una serie de medidas excepcionales con motivo del ciberataque detectado durante la madrugada del viernes 27 de junio, que afectó gravemente los sistemas informáticos del Instituto de Salud Pública.
Según lo señalado en el documento, el ataque fue identificado como un ransomware originado desde el Reino Unido, lo que obligó al cierre preventivo de servidores y sistemas de almacenamiento para evitar una afectación mayor a las bases de datos de usuarios. Tras la detección del incidente, se dio aviso inmediato a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y al Ministerio Público, iniciándose una investigación penal conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo.
La resolución considera que el hecho constituye un caso fortuito o de fuerza mayor, al no haber podido ser previsto ni resistido pese a las medidas de seguridad implementadas.
Entre las medidas ordenadas se instruyó a la Unidad de Sistemas de Información a arbitrar todos los recursos necesarios para el restablecimiento de los sistemas institucionales, incluyendo la contratación de soluciones externas si fuese necesario. Además, se suspendió el uso de VPN desde conexiones remotas por motivos de seguridad.
Una de las disposiciones más relevantes para el sector farmacéutico es la instrucción al Departamento Agencia Nacional de Medicamentos para que, en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, autorice la liberación de productos importados —como medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos y pesticidas de uso sanitario— desde zonas primarias sin contar con el Certificado de Destinación Aduanera (CDA) ni con la Autorización de Uso y Disposición (UyD), documentos que normalmente son requeridos para su distribución. El documento establece que estas autorizaciones deberán gestionarse posteriormente.
Asimismo, se ordenó la suspensión de los plazos en procedimientos administrativos mientras se mantenga la contingencia, con el fin de resguardar los derechos de los usuarios y facilitar la operación interna del Instituto.
Las medidas tendrán vigencia indefinida, hasta que el acto administrativo sea formalmente dejado sin efecto.
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